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Auditamos tu sitio web frente a la Ley 1581 y te decimos qué tan expuesto estás a una sanción de la SIC.
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El año pasado más de 2.000 empresas quedaron bajo la lupa de la Superintendencia. Ninguna lo esperaba.
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Con un solo trámite puedes proteger tu marca en 130 países.
Cada servicio reutiliza los datos del anterior: nunca escribes lo mismo dos veces. Empieza gratis y avanza solo cuando te convenga.


Auditamos tu sitio web frente a la Ley 1581 y te decimos qué tan expuesto estás a una sanción de la SIC.
Cruzamos la base mundial de la OMPI con IA bajo la Decisión 486, antes de que gastes en un registro que te van a negar.
Radicamos tu marca ante la Superintendencia con un abogado revisando el expediente antes de que el robot lo envíe.
Consultoría profesional conmigo: ordenamos tu portafolio, definimos en qué clases radicar primero y cómo defender el signo frente a terceros.
Dinos quién eres y te mostramos solo los trámites que te aplican. Un catálogo distinto para cada uno.
Elige el trámite que te interesa.
Detectamos los vacíos legales visibles de tu sitio frente a la Ley 1581 antes de que lo haga la Superintendencia.
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Todo el embudo ocurre dentro del dispositivo: formulario, pago, resultados de la OMPI y liquidación. Cero navegación fuera de la landing, cero abandono.
Intro · viabilidad · pantalla 1 de 5
Para saber si tu marca se puede registrar:
Completa el formulario en este dispositivo. Cruzamos la base global de la OMPI con los criterios de la Decisión 486.
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Información general sobre cómo funcionan nuestros servicios. No es un concepto jurídico ni sustituye la asesoría de un abogado sobre tu caso.
Sobre TuAvocado
Acompañamos dos frentes: la protección de marcas ante la Superintendencia y el cumplimiento de la Ley 1581 en datos personales. Parte del trámite está automatizado, pero un abogado revisa el expediente antes de que se radique.
No. Las herramientas del sitio son diagnósticos y borradores: ordenan la información y te dicen dónde estás parado. La decisión jurídica y la firma del trámite las pone un abogado.
No hace falta. Los servicios de esta página se contratan y se siguen desde el sitio, y cuando el caso pide conversación, se agenda una videollamada.
Si te preocupa tu sitio web, por el análisis de riesgo de datos, que es gratuito. Si lo tuyo es el nombre de tu negocio, por la consulta de viabilidad de marca. Y si prefieres hablar antes de cualquier cosa, agenda una llamada.
Sobre los servicios
No. Cada servicio funciona por separado. Lo que sí ocurre es que, si avanzas de uno al siguiente, reutilizamos lo que ya escribiste en vez de pedírtelo otra vez.
Depende de qué te quita el sueño: el análisis de riesgo mira tu sitio web frente a la Ley 1581; la consulta de viabilidad mira si tu marca es registrable antes de que gastes en radicarla; el registro la inscribe ante la Superintendencia; y la consultoría de estrategia es para cuando ya hay un portafolio que ordenar.
Recibes por escrito qué se va a hacer y qué falta de tu parte. Ningún trámite se radica sin que un abogado haya revisado el expediente.
Sí, y es lo más sensato si tienes dudas. Agenda una videollamada o escríbenos por WhatsApp desde el menú de este panel; nada de eso te compromete a contratar.
Tres, y el selector de la izquierda elige cuál estás viendo: si tu marca es registrable, cómo se inscribe, y la sesión de estrategia con abogado. Se pueden recorrer en orden o por separado, igual que los servicios de verdad. Lo que los une es que lo que escribes en uno se reutiliza en el siguiente.
Porque ahí termina un servicio y empieza otro. El diagnóstico responde si tu marca es registrable; a partir de esa respuesta, lo que sigue es inscribirla, que es un servicio distinto y con su propio expediente. El selector se mueve contigo para que veas dónde estás, no porque hayas contratado nada.
Una búsqueda de tu marca en la base de la OMPI —incluidos los signos que suenan o se escriben parecido—, la lectura de esos hallazgos bajo la Decisión 486 y un informe con el resultado, que llega al correo que dejes. Lo que no incluye es la recomendación firmada del abogado sobre qué radicar y cómo: eso va con el informe completo. Lo que cuesta la revisión está en su tarjeta, en la sección de servicios de esta página.
Es el conjunto de marcas que un negocio ya tiene o está usando: el nombre principal, los de sus líneas o productos, los logos, y a veces variantes que se registraron hace años y nadie ha vuelto a mirar. Ordenarlo es ver qué está protegido, qué se está usando sin protección y qué sobra. Ese es el punto de partida de la sesión de estrategia.
Sobre los servicios en-línea
Porque los trámites que le sirven a una pyme, a un creativo y a un desarrollador no son los mismos. Solo filtra lo que ves en pantalla: no te registra ni te compromete a nada.
Elige el que más se te parezca y escríbenos. Los tres catálogos son un punto de partida para orientarte, no la lista cerrada de lo que hacemos.
El sitio separa siempre qué parte es tasa oficial de la Superintendencia y qué parte son honorarios, para que sepas qué pagas y a quién. Las cifras que ves en la demostración son de referencia y las confirma el abogado antes de radicar nada.
No. Se automatiza lo repetitivo: llenar formularios, cruzar bases de datos, liquidar tasas. Donde hace falta criterio —qué se puede registrar, cómo se responde a una oposición— entra un abogado.
El cobro lo procesa una pasarela de pagos y los datos de la tarjeta se escriben allí, en su propio entorno, no en nuestra pantalla. En la demostración del dispositivo se nota a simple vista: las casillas de tarjeta están dibujadas y no se puede teclear en ellas. Cuál es la pasarela lo dice la propia pantalla de pago.
PSE es el botón que te lleva a tu propio banco para autorizar el pago desde tu cuenta; con tarjeta, en cambio, el cobro va por la red de la franquicia. La pantalla de pago ofrece varios medios y todos los procesa la pasarela, no nosotros.
Liquidar es calcular exactamente cuánto hay que pagar y por qué conceptos, antes de pagarlo. En un registro de marca eso significa separar la tasa oficial que cobra la Superintendencia —que depende de cuántas clases pidas y de la escala que te corresponda— de los honorarios de la firma. La liquidación es el desglose; el pago viene después.
Porque las tasas oficiales salen de una resolución que todavía estamos confirmando, y para una de ellas las fuentes públicas no coinciden entre sí. En vez de enseñarte un número con aire de definitivo, la pantalla dice lo que es: un desglose para que entiendas cómo se compone el total. Lo que se cobra de verdad lo confirma el abogado antes de radicar.
Cuando el trámite se liquida de verdad, con las clases y la escala ya confirmadas por el abogado antes de radicar. Hasta ese momento el total sirve para hacerte una idea y para ver qué parte es tasa oficial y qué parte son honorarios, no como cotización.
Porque la Superintendencia cobra por clase: la primera tiene un valor y cada clase adicional se suma. No es una tarifa nuestra, es la tabla oficial. En cuántas y en cuáles conviene radicar es una decisión de estrategia que confirma el abogado, porque cada clase protege cosas distintas.
Son reducciones de la tasa oficial que la propia Superintendencia reconoce a quien cumple ciertas condiciones, casi siempre relacionadas con haber recibido formación o acompañamiento en propiedad industrial. La calculadora deja elegir uno solo porque si dos de esas reducciones se pueden sumar es una pregunta legal que hoy no está resuelta, y acumularlas sin respuesta sería inventarse el precio.
Un certificado: el del programa, cuando se completaron todas sus etapas, o el del acompañamiento recibido, que tiene que estar expedido antes de radicar la solicitud. Los expide la misma entidad que da la formación, y la calculadora dice en cada opción dónde se consigue. Quien comprueba que ese certificado sirve para el trámite es el abogado, antes de radicar.
El CIGEPI es el centro de formación en propiedad industrial de la propia Superintendencia, y su programa en línea es gratuito. Los CATI son centros de apoyo a la tecnología y la innovación repartidos por el país, alojados en universidades y cámaras de comercio, donde se recibe orientación especializada. Los dos aparecen en la calculadora porque el certificado que expiden es lo que la entidad pide para reconocer una reducción de la tasa.
Lo que la propia pantalla enumera: la revisión del abogado senior sobre el expediente completo, el robot que radica y guarda el recibo, y la carpeta compartida donde queda todo. Van aparte de la tasa oficial a propósito —esa se la queda el Estado y no depende de nosotros— para que veas qué parte pagas por el trámite y qué parte por el trabajo.
A nombre del titular que figura en el expediente y al correo que quedó registrado ahí; por eso esos datos se piden al principio y conviene revisarlos antes de pagar. La facturación es electrónica, así que llega por correo y no en papel.
Sobre el análisis de riesgo
Sí: sin registro y sin tarjeta. Es la puerta de entrada al resto de servicios, y por eso nos interesa que la cruces sin fricción.
Lo que se puede ver desde fuera de tu sitio frente a la Ley 1581: si pides autorización para tratar datos, si publicas y enlazas tu política de tratamiento, si tus formularios viajan seguros y si hay rastro de inscripción en el Registro Nacional de Bases de Datos.
No. Lo que ves en la página es un diagnóstico automatizado con datos de muestra, no un concepto jurídico. El informe real cita la evidencia encontrada en tu sitio y lo revisa un abogado antes de entregarse.
No almacenamos tu información sin tu autorización expresa, y el tratamiento se hace conforme a la Ley 1581 y a nuestra Política de Tratamiento de la Información.
Sobre el registro de marca
No. Hay signos que la ley no permite registrar y otros que chocan con marcas anteriores de terceros. Mirar eso antes de radicar es justamente para lo que sirve la consulta de viabilidad.
No. La herramienta cruza la base mundial de la OMPI y ordena los hallazgos bajo la Decisión 486, que es un trabajo de búsqueda. La conclusión la firma un abogado.
Las marcas se registran para productos o servicios concretos, agrupados en clases. En cuáles conviene radicar primero es una decisión de estrategia, y depende de a qué te dedicas hoy y a qué piensas dedicarte.
Los tiempos los marca la Superintendencia y no dependen de nosotros. El plazo estimado está publicado en la tarjeta del servicio, en la sección de servicios de esta misma página.
No. Es una demostración con datos de utilería: la empresa, la marca «Usertaste01», el correo y los números que aparecen están puestos para que puedas recorrer el flujo entero sin registrarte y sin pagar. Nada de lo que toques ahí crea un expediente ni envía nada a la Superintendencia. Lo que sí es real es el recorrido: los pasos, su orden y quién interviene en cada uno son los del servicio.
Se abre un formulario corto dentro del mismo dispositivo: el nombre que quieres proteger, qué tipo de signo es y qué vendes, con tus palabras. Con eso la herramienta cruza la base de la OMPI y ordena lo que encuentra bajo la Decisión 486. No sales de esta página en ningún momento, y el primer paso es solo el formulario: el pago viene después, en su propio paso.
La OMPI es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y su base reúne marcas registradas y solicitadas en muchos países: es donde se mira si alguien ya usa algo parecido a lo tuyo. La Decisión 486 es la norma andina de propiedad industrial que rige en Colombia, y es la que dice qué se puede registrar y cuándo dos signos se parecen demasiado. La búsqueda aporta los hallazgos; la Decisión 486 es el criterio con el que se leen.
Depende de qué es lo que quieres proteger. Si son las palabras —el nombre en sí, sin depender de una tipografía—, es nominativa; si es solo un dibujo o un símbolo, figurativa; si el nombre y el gráfico van siempre juntos, mixta; y si lo distintivo es la forma del producto o de su envase, tridimensional, que es la casilla «3D». Cada opción protege cosas distintas, así que la elección se confirma con el abogado antes de radicar.
La propone la herramienta a partir de lo que describes que vendes, y por eso la ves señalada en pantalla como asignación de la IA. Quien la confirma es el abogado, antes de radicar: de la clase depende qué queda protegido, y esa decisión no se deja en manos de un modelo.
La pantalla te confirma el pago y te resume lo que quedó registrado: la marca, el tipo de signo, la clase y la referencia del pago. El informe de viabilidad llega al correo que quede registrado con el pago — la pantalla de confirmación te lo muestra. Esa referencia es nuestra, del pago, y no es un número de expediente ante la Superintendencia: el diagnóstico no radica nada.
No. El diagnóstico es un estudio previo: mira qué tan expuesta está tu marca antes de que gastes en radicarla. Registrarla ante la Superintendencia es otro servicio, con su propio expediente, su poder firmado y la revisión de un abogado antes del envío. La referencia que ves en la confirmación es nuestra, del pago del diagnóstico, y no es un número de expediente de la Superintendencia.
La primera consulta es lo que escribes en el formulario: tu marca, el tipo de signo y lo que vendes. La búsqueda avanzada es el trabajo que se hace con eso — cruzar la base de la OMPI buscando no solo el nombre idéntico, sino los que suenan o se escriben parecido dentro de las clases que te interesan. Por eso es un paso aparte y arranca cuando el diagnóstico está pagado.
Es una lectura de conjunto de lo que encontró la búsqueda: qué signos parecidos aparecieron y qué tan cerca están de tu marca y de lo que vendes. Sirve para saber cuánto trabajo tienes por delante, no para aprobar ni reprobar nada, y no hay una cifra por encima o por debajo de la cual algo pase a estar permitido. Quien interpreta el resultado, y quien lo firma, es un abogado.
Cuando una solicitud de marca se publica, un tercero que considere que se parece demasiado a la suya puede presentar un escrito para que no se conceda: eso es una oposición. Quien la resuelve es la Superintendencia, no quien la presenta. Por eso el servicio vigila la Gaceta de la Propiedad Industrial y avisa si aparece algo que toque tu trámite.
Porque el parecido que importa no es solo el de las letras. Dos marcas pueden escribirse diferente y sonar casi igual al pronunciarlas, y eso basta para que alguien las confunda — que es justo lo que la norma mira. Por eso la lista incluye resultados fonéticos y les pone un grado de similitud: son los que un examinador o un tercero podrían señalar.
Es el territorio que mira esa parte de la búsqueda: Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú, los países que comparten la Decisión 486. Se acota así porque son los registros que un examinador colombiano y los titulares de la región tienen más a mano para oponerse. Es el alcance de la búsqueda, no el de una protección: dónde queda protegida una marca depende de dónde se registre, y eso se define al radicar.
La parte que aparece bajo candado es la recomendación del abogado: qué conviene radicar y cómo presentarlo para bajar el riesgo de que alguien se oponga, firmada por el abogado titular. No está oculta como truco de diseño y no la escribe la herramienta — es criterio profesional, y por eso va con el informe completo, que es un servicio aparte del diagnóstico. Lo que cuesta cada cosa está en la sección de servicios de esta misma página.
No es un descuento nuestro: son dos escalas de tarifas distintas de la Superintendencia, y la calculadora las deja ver una al lado de la otra para que entiendas el desglose. Cuál corresponde depende de cómo esté clasificada la empresa, no de lo que se marque en pantalla; por eso la escala se confirma con el abogado antes de radicar, junto con el resto del expediente.
Es la Superintendencia de Industria y Comercio, la entidad que en Colombia lleva el registro de marcas. Recibe la solicitud, cobra la tasa oficial, revisa que el signo se pueda registrar, lo publica para que un tercero pueda oponerse y al final concede o niega el registro. Nosotros preparamos y presentamos el expediente; quien decide es ella.
Radicar es presentar formalmente la solicitud ante la Superintendencia y que quede con fecha y número: a partir de ahí existe un expediente y el trámite empieza a correr. Todo lo anterior —el diagnóstico, la calculadora, los documentos— es preparación. Por eso en el sitio se repite «antes de radicar»: es la frontera entre lo que todavía se puede ajustar y lo que ya está en manos de la entidad.
Se abre el expediente y con él los tres pasos del registro: cargar los documentos y firmar el poder, revisar la liquidación y pagar, y esperar la revisión del abogado antes de que el robot radique. Lo que ya escribiste en el diagnóstico llega pre-llenado, así que el primer paso empieza a medias y no en blanco.
Es una videollamada con el abogado titular, no con un asesor comercial. Se revisa el portafolio de marcas que ya tienes, se ordena qué conviene proteger primero y sales con un plan de radicación por clase. Si después quieres registrar algo de ese plan, se hace por el servicio de registro, con su propio expediente.
Un poder especial autoriza al abogado a adelantar ese trámite concreto en tu nombre ante la Superintendencia: presentar la solicitud, atender lo que la entidad pida y recibir sus notificaciones. Está atado a ese asunto: no da acceso a tu dinero ni sirve para otros trámites. El texto completo se lee antes de firmar — lo que aparece difuminado detrás del recuadro en la demostración es solo una muestra, y el trazo que dibujes ahí se queda en tu navegador.
Porque lo que se registra es la representación del signo, y esa imagen tiene que verse limpia y recortada sobre cualquier fondo. Un JPG no guarda transparencia: arrastra un rectángulo de fondo que no es parte de tu marca, y al ampliarlo asoman los bordes sucios de la compresión. Por eso el sistema marca ese archivo: la Superintendencia puede objetar la representación del signo. Un original con fondo transparente evita ese riesgo.
Es el documento con el que una empresa acredita que existe y quién puede firmar por ella. Lo expide la Cámara de Comercio donde está matriculada y se descarga desde su sitio, casi siempre en PDF. Si vas a registrar la marca a tu nombre, como persona natural, no hace falta: ahí basta con tu documento de identidad.
Tres cosas: el documento de identidad y el RUT del titular, el logotipo en buena calidad si tu marca lleva parte gráfica, y el certificado de Cámara de Comercio cuando quien registra es una empresa. Además se firma el poder que autoriza al abogado a presentar el trámite. Si falta algo se puede empezar igual: nada se radica hasta que el expediente está completo y revisado.
El RUT es el Registro Único Tributario, el documento con el que la DIAN identifica a una persona o a una empresa. En el expediente hace dos cosas: identifica al titular con el mismo número que ya usa ante el Estado, y permite emitir la factura del trámite al nombre correcto. No se pide para revisar tus impuestos; para qué se usa cada dato está en la política de tratamiento de datos.
El nombre o la razón social, el número de identificación o el NIT, la dirección y un teléfono de contacto. No es papeleo de más: la solicitud se presenta a nombre de alguien, y esos datos son los que quedan en el registro como titular de la marca y los que la entidad usa para notificar. Por eso conviene revisarlos antes de firmar el poder, aunque lleguen pre-llenados del paso anterior.
Porque un recuadro donde se dibuja con el dedo no se puede usar con teclado, y quien navega así también tiene que poder firmar: escribir el nombre completo es la vía equivalente. En la demostración las dos son solo la superficie — el trazo se queda en tu navegador, no se envía y no produce un poder con validez. El poder de verdad se emite dentro del trámite, se lee entero antes de firmarlo y lo revisa el abogado.
Se te pide antes de radicar, no después. El expediente pasa por la Mesa de Control y un abogado revisa que esté completo; si algo falta o no sirve —un logo que no se puede usar, un certificado vencido—, se te avisa y se corrige. Que en la demostración se pueda seguir con una casilla vacía es cosa de la demostración: lo que no ocurre es que un expediente incompleto llegue a la Superintendencia.
Tres cosas, siempre en el mismo orden: qué pasó en palabras normales, qué puedes hacer ahora y qué pasa con tu dinero. Debajo va la traza técnica, que es el dato que le sirve a soporte si hay que escribir. Está así a propósito — cuando algo sale mal, lo primero que quieres saber no es el código del error.
Es una huella del contenido de tu expediente, calculada con SHA-256. El robot la compara justo antes de radicar y se niega a enviar si algo cambió después de que el abogado aprobó el expediente, o si esa misma huella ya se radicó ante la Superintendencia. Está ahí para una sola cosa: que nadie radique dos veces lo mismo, ni una versión distinta de la que se revisó.
Porque entre tu expediente y la Superintendencia hay un abogado, y esa espera es él. Revisa la cobertura, los documentos y el poder antes de que el robot envíe nada; hasta que no lo aprueba, el expediente se queda en la Mesa de Control y el estado lo dice en pantalla. Es la parte del proceso que no se automatiza a propósito: corregir un trámite mal radicado da mucho más trabajo que revisarlo antes.
Porque es el mismo nombre que ese estado tiene por dentro, en el sistema que mueve el trámite y en la base de datos. Se muestra al lado de la etiqueta legible para que, si escribes o llamas, tú y quien te atienda estéis hablando exactamente del mismo punto del proceso. No es un descuido de traducción: los estados no se traducen a propósito.
En dos sitios que cuentan lo mismo desde ángulos distintos: la carpeta compartida, donde se van guardando los documentos del expediente, y el rastreador, que muestra en qué hito va. No hace falta que preguntes para enterarte — cuando algo se mueve, el documento y el aviso te llegan.
Es una carpeta compartida contigo donde queda todo lo del trámite, ordenado por etapas: los documentos iniciales, lo de la radicación y el seguimiento posterior. Es de solo lectura porque su contenido tiene que coincidir con lo que se revisó y se presentó: si cualquiera pudiera cambiar un archivo ahí, dejaría de ser una copia fiel del expediente. Para aportar algo nuevo, se pide por el mismo canal por el que te avisamos.
El número de expediente es el que la Superintendencia asigna cuando el trámite queda radicado; antes de eso lo que existe es una referencia interna nuestra, que sirve para hablar contigo pero no para consultar nada ante la entidad. El rastreador devuelve en qué hito va el trámite; los documentos están en tu carpeta compartida. En la demostración solo responde por sus expedientes de ejemplo: el rastreo de uno real se activa cuando lo radicamos.
Es el punto por el que pasa cada expediente antes de radicarse: un abogado senior revisa la cobertura, los documentos y el poder, y decide si el trámite sigue o vuelve para corregirse. El robot no toca nada que no haya salido de ahí aprobado. Es el nombre interno de la revisión humana que el sitio promete en todas partes.
Es el sistema en línea de la Superintendencia por donde se presentan y se consultan los trámites de propiedad industrial. Ahí radica el robot, de ahí sale el recibo de las tasas y ahí se consulta después si el expediente se movió. Cuando el sitio dice que un trámite quedó radicado, quiere decir que quedó radicado ahí.
Es la publicación oficial donde la Superintendencia da a conocer las solicitudes de marca. Publicar es un paso obligatorio del trámite: sirve para que cualquiera que crea que una marca nueva choca con la suya se entere y pueda oponerse. Por eso el seguimiento de un expediente mira la Gaceta y no solo el estado del trámite.
No tienes que estar mirando. Una revisión automática consulta cada noche el sistema de la Superintendencia, y cuando aparece un hito nuevo o una oposición, el documento entra en tu carpeta y te llega el aviso por correo. El rastreador está para cuando quieras mirar tú; el aviso llega igual si no miras.
Que la Superintendencia pidió algo antes de seguir: puede ser una aclaración sobre la solicitud, o el traslado de una oposición que presentó un tercero. El trámite no se cae, se desvía — sale del camino recto y pasa por ese paso. Mientras tanto el seguimiento funciona igual: si aparece, lo ves en el rastreador y te avisamos.
Es el último hito del recorrido: si nadie se opuso y la Superintendencia concede, expide el certificado de registro y ese documento entra en tu carpeta como cualquier otro del expediente. A partir de ahí la marca es tuya como derecho, con la vigencia y el alcance que diga el propio certificado.
Porque un expediente devuelto no es un error de la página: es un estado del trámite, y es la prueba de que la revisión humana hace algo. La Mesa de Control existe justo para detener lo que no debería radicarse; si nunca se viera un caso detenido, esa revisión sería un adorno. Por eso el rastreador enseña los dos: el que avanza y el que volvió.
Sobre con quién trabajamos
Los tres tipos de cliente de esta sección —pymes, creativos y desarrolladores— resumen a quiénes acompañamos con más frecuencia. Si no te reconoces en ninguno, escríbenos y lo miramos.
Sí. En Colombia el titular de una marca puede ser una persona natural o una empresa, y el trámite ante la Superintendencia es el mismo en los dos casos.
Sí. La información de un cliente está amparada por el secreto profesional: no se publica ni se usa como ejemplo sin su permiso.
¿Tu duda no está aquí?